Señor Director:
La indicación que pretende obligar a centros de salud y escuelas a reportar la situación migratoria de quienes buscan atención o educación nos genera una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿estamos dispuestos como sociedad a convertir los lugares donde se cuida la vida en lugares donde se denuncia a las personas?
En nuestros barrios y escuelas conviven personas sin antecedentes delictuales que han demostrado arraigo, voluntad de insertarse y trabajar, pero que han incumplido normas administrativas a menudo inalcanzables debido a la crisis en sus países de origen o a una gestión migratoria interna deficiente que les ha dejado en situación irregular.
Impulsar una «cultura de la delación» en servicios básicos no solo vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, como ha reconocido la propia ministra de salud; sino que obstruye el acceso a necesidades humanas imprescindibles para la paz social. Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro.
Entendemos que el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria. Pero existe una diferencia entre regular y deshumanizar. Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país.
La dignidad humana no puede estar condicionada a un documento vigente. Pedimos a las autoridades reconsiderar estas medidas buscando caminos de orden que no sacrifiquen ese principio, protegiendo especialmente los derechos de la niñez que deben primar sobre cualquier lógica punitiva.
Hna. Gabriela Herrera
Secretaria Ejecutiva Red Clamor Chile
+ Moisés Atisha
Obispo de San Marcos de Arica
Referente Red Clamor Chile
